Las autoridades fiscales españolas están intensificando las inspecciones dirigidas a propietarios extranjeros en toda la Costa del Sol, según informa *Olive Press*. Mediante herramientas avanzadas de auditoría digital y una mayor cooperación en el intercambio de datos bancarios internacionales, la Agencia Tributaria supervisa activamente las transacciones inmobiliarias, las declaraciones de residencia y las actividades de alquiler a corto plazo de los propietarios extranjeros en la región.
Un aspecto clave de esta iniciativa de control fiscal se centra en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Muchos compradores internacionales que adquieren viviendas vacacionales en zonas populares como Marbella, Benahavís y Estepona desconocen que los no residentes deben abonar un impuesto anual por su propiedad en España, incluso si la vivienda permanece desocupada y no genera ingresos por alquiler. Cuando la propiedad se alquila a turistas, los propietarios están obligados a presentar declaraciones trimestrales en las que se detallen los ingresos obtenidos por el alquiler.
La residencia fiscal es otro aspecto clave para las autoridades españolas. Los expatriados que residen en España más de 183 días en un mismo año natural adquieren automáticamente la condición de residentes fiscales en España. En consecuencia, su patrimonio y sus rentas a nivel mundial quedan sujetos a la legislación fiscal española. Para verificar la residencia efectiva, los inspectores de Hacienda analizan cada vez más el consumo doméstico de electricidad, los registros de telefonía móvil, los pagos realizados con tarjeta en el ámbito local y los datos del padrón municipal.
Para los posibles compradores y los actuales propietarios de inmuebles en la Costa del Sol, adoptar un enfoque proactivo respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales resulta esencial. Si bien el gobierno regional de Andalucía ha implementado políticas fiscales favorables —como tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y generosas exenciones en el impuesto sobre el patrimonio—, no registrar o declarar adecuadamente los bienes inmuebles puede acarrear fuertes multas y liquidaciones fiscales con carácter retroactivo. Contar con el asesoramiento de un representante legal experimentado o de un asesor fiscal local garantiza la correcta gestión de todos los trámites relacionados con la propiedad, los impuestos para no residentes y las posibles obligaciones derivadas de las ganancias de capital.
